28 de junio de 2016

EL PRESIDENTE DE LA DIGNIDAD


Entre el 12 de octubre de 1963 y 28 de junio de 1966 la República Argentina tuvo un gobierno ejemplar.

Un gobierno democrático y progresista al que muchos pretendieron - y aun pretenden - limitar a la litografía de un Presidente despojado de la ambición por acumular bienes materiales. Hemos escuchado, más de una vez, repetir como un mantra aquello de que “Illia murió pobre”. Un error de percepción axiológica. Illia no era pobre. Illia era honesto. Ser pobre es una circunstancia. Ser honesto, una virtud.

Por eso Illia representa una virtud ética cardinal que debería ser el presupuesto que antecede toda vocación política.

Han pasado 50 años del derrocamiento de aquel gobierno ejemplar que, como bien señalara el historiador Félix Luna, llevaba “un pecado original que el peronismo nunca perdonó”, refiriéndose a las condiciones de proscripción que en las que se desarrollaron las elecciones del 7 de julio de  1963. Pero no es menos cierto - como suele rememorar el Profesor Alberto Abecasis - que dicha situación “no era un componente atribuible a Illia”. El compromiso de Illia por lograr una democracia plena e incondicionada se manifestó la misma noche de los comicios, momento en el cual el Presidente electo anunciaba que aquella seria “la última elección con proscripciones”.

En cumplimento de esa consigna el 17 de octubre de 1963 – a tan sólo 5 días de haber asumido el gobierno - se autorizó el primer acto público del Peronismo en la Plaza de Once, derogándose el decreto que prohibía las actividades de dicha agrupación política y poniendo fin de esta manera a años de arbitraria proscripción. El 7 de enero de 1965 la Justicia Electoral de la Capital Federal otorgó personería política al Partido Justicialista. En las elecciones parlamentarias nacionales de 1965, el Movimiento Nacional Justicialista pudo asistir a la compulsa del 14 de marzo bajo el nombre “Unión Popular” resultando triunfante en ésa instancia, sin que ello diera lugar a la anulación de las elecciones o el desconocimiento de la voluntad popular expresada libremente en las urnas. Como había sucedió, por caso, durante el Gobierno de Frondizi en 1962 en donde que se anularon las elecciones en todo el país, entre ellas la de la Provincia de Córdoba donde había triunfado la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo que postulaba a Arturo Illia y Justo Páez Molina como candidatos a Gobernador y Vicegobernador respectivamente.

A pesar de estos avances, la acción política del Justicialismo se endureció progresivamente, sumándose a ello el inclemente plan de lucha lanzado por la Confederación General del Trabajo encabeza por Augusto Vandor, lo que sin lugar a dudas en nada contribuía a estabilizar la transición democrática. Esto no hizo mella en la vocación democrática del Presidente Illia, que gobernó sin apelación al Estado de Sitio, ni persecución a opositores, ni presos políticos. Ejemplo de ello fue la legalidad con la que se enfrentó la aventura del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) comandado por Jorge Ricardo Masseti, quienes enclavados en Salta buscaron diseminar un movimiento foquista, animados por la experiencia de la Revolución Cubana. El Gobierno desarticuló esa operación aplicado rigurosamente la ley, sin violar los derechos humanos de los involucrados en la primera acción guerrillera intentada en nuestro país.

Pero no estaban allí los enemigos de aquel gobierno.

La instrumentación del Seguro Nacional de Salud que universalizaba la cobertura sanitaria a toda la población, concibiendo a la salud como un bien social - como lo definiera el Ministro Oñativia - afectaba directamente los intereses de obras sociales y empresarios de la salud que verían reducidos sus amplios márgenes de rentabilidad. Esto se complementó con la sanción de la Ley Nacional de Medicamentos basada en una filosofía humanista de profunda sensibilidad social, que vino a poner coto a las pingues ganancias obtenidas por laboratorios y oligopólios farmacéuticos que concentraban la lucrativo industria de las patentes medicinales.

Desmotar ese fenomenal negocio implicó ir en contra de la mercantilización de la salud pública, lo trajo que aparejado como consecuencia los apremios de la industria farmacológica contra el gobierno nacional, con acciones que iban desde el desabastecimiento hasta la presión ejercida desde organismos multilaterales de crédito.

Sectores de la prensa gráfica, encabezados por Jacobo Timerman, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Ramiro de Casasbellas, Tomás Eloy Martínez y Mariano Montemayor entre otros "notables" periodistas, se constituyeron en la vocería de los sectores reaccionarios que impulsaron la destitución del Presidente Illia en defensa de inconfesables intereses. No fue extraño a ese ambiente cargado de conjuras las editoriales del periódico fundado por Roberto Noble, quien mantenía una indisimulable simpatía por la figura del Presidente Frondizi y respaldaba las medidas de Gobierno adoptadas entre 1958 a 1962; medidas a las que Arturo Illia vendría a subvertir inspirado en las mejores tradiciones del ideario de reparación que predicaba Hipólito Yrigoyen. Sin embargo no existió restricción alguna a la libertad de expresión, ni tentativa de revancha contra aquellos que ridiculizaban - sin inocencia - la investidura presidencial. Ni mucho menos periodistas asalariados o propaganda oficial que intentara contrarrestar las embestidas de los factores de presión y los grupos de poder.

Esto conmemoración  seria incompleta si no hiciéramos referencia a una de las acciones de Gobierno más valientes encaradas por el Dr. Illia en defensa de la soberanía nacional, en cumplimiento del compromiso expresado durante la campaña electoral de 1963. Nos referimos a la anulación de los contratos petroleros, reafirmando en ese acto la postura histórica de la Unión Cívica Radical en materia de hidrocarburos y recursos naturales llevada adelante por el General Mosconi bajo la Presidencia de Yrigoyen y Alvear respectivamente.

Aquellas convenciones leoninas suscriptas bajo el Gobierno de Frondizi, implicaban renunciar a recursos estratégicos para el desarrollo del país, vulnerando derechos de las Provincias donde se ubicaban los yacimientos e inobservando lo establecido en la normativa legal, otorgando a los concesionarios la propiedad de la riqueza del subsuelo de la Patria. El Presidente Illia se mantuvo inconmovible en la decisión soberana de lograr que YPF volviera a ser “la entidad rectora del desarrollo energético” en nuestro país, como él mismo afirmara en su discurso de asunción del 12 octubre de 1963. Los decretos N° 744 y N° 745 declararon “nulas de la nulidad  absoluta” las concesiones petroleras a compañías trasnacionales efectuadas por Frondizi, por "vicios de ilegitimidad” y por “ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación", medida que alcanzaba a los contratos relativos a la explotación y la perforación de pozos petroleros.

Militando sin desviaciones en la línea yrigoyenista, la anulación de los contratos petroleros decretada por el Presidente Illia – como afirmara el ex Subsecretario de Energía de la Nación Gustavo Callejas - no implicó perder el autoabastecimiento, ni ocasionó una baja en la producción de hidrocarburos, como suelen exponer falazmente escribas de los factores de poder contrariados por aquella decisión soberana.  Tampoco - reflexiona el autor citado - esto obligó al pago de indemnizaciones en acuerdos extrajudiciales. Aquella decisión, por el contrario, permitió reorganizar YPF, lo que trajo entre otras consecuencias ventajosas para el país el descubrimiento años más tarde en Neuquén del yacimiento gasífero Loma de La Lata, en un área que estaba en poder de la petrolera ESSO.

La defensa irrestricta de la soberanía también tendría sus manifestaciones en la política exterior. La Resolución 2065 adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas constituye el mayor avance diplomático con relación a la recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Aquella resolución fue aprobada con 94 votos favorables, 14 abstenciones, sin registrase posiciones contrarias. La resolución expresa en sus considerandos que está inspirada en “el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas” admitiendo “la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas” ante lo cual “invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)”.

De esta manera el cuerpo diplomático argentino encabezado por el Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y el Embajador José María Ruda lograba que Naciones Unidas reconocieran la existencia de una disputa de soberanía e instara a la negociación bilateral entre las partes a los fines de procurar la solución pacífica al problema, teniendo en cuenta los intereses de los isleños, lo que no implicaba ponderar sus deseos ya que ello hubiese significado extender a dicha situación el principio de libre determinación, situación que no configura éste supuesto ya que no se trata de un reclamo de independencia de los isleños respecto al Reino Unido, sino una disputa bilateral de dos naciones soberanas sobre un territorio insular.

Pero si bien éste constituye un gran logro diplomático en mérito de la defensa de la soberanía nacional, no es menor destacar otros puntos sobresalientes del gobierno del Dr. Illia en materia de política exterior. Como por caso la negativa de enviar tropas a la Republica Dominicana para participar - junto a los marines estadounidenses - del derrocamiento del Presidente Juan Bosch. Prevaleció, ante las intimidaciones externas y las presiones internas, la tradición histórica de Radicalismo de solidaridad latinoamericana, el principio de no intervención y el mandato yrigoyenista que reza que “los hombres son sagrados para los hombres, como los pueblos sagrados para los pueblos”. 46 años después de que Hipólito Yrigoyen ordenara izar el pabellón dominicano en Santo Domingo ante la invasión norteamericana a la isla, aquel joven médico oriundo de la ciudad de Pergamino al cual Yrigoyen designara medico ferroviario en Cruz del Eje, desde la primera magistratura emularía con firmeza la posición doctrinaria del primer Presidente democrático surgido de la Unión Cívica Radical.

Su paso por Europa durante de la década del 30´ le permitió vivir de cerca el ascenso de los totalitarismos, razón por la cual siempre desprecio el culto a la personalidad. Tal vez aquellas vivencias hayan influido en su capacidad para diferenciar claramente la defensa de los intereses nacionales del nacionalismo y la vocación popular del populismo.

Así es que a la par de la defensa de los intereses nacionales, el gobierno de Illia se fundaba en una profunda vocación popular patentizada en medidas propias de lo que años más tarde se denominaría “Estado de Bienestar”. La dignidad salarial de los trabajadores fue una preocupación constante de Illia, lo que motivo la sanción de la Ley 16. 459 del año 1964, por la cual se establecía el salario mínimo, vital y móvil, creando el Consejo del Salario integrado por representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales, cuya función esencial era la de determinar periódicamente el salario vital mínimo. A no dudarlo, aquella fue una ley hija del espíritu del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Consecuencia directa de esto fue el crecimiento del salario real entre 1963 y 1966 en una casi un 10%, elevando la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso al 43%. Esto se complementaba con la sanción de la Ley de Abastecimiento que protegía el consumo de los sectores populares, mediante el control de precios de los insumos que componían la canasta familiar, como reaseguro del poder adquisitivo del salario.

La Confederación General del Trabajo, a pesar de estos indicadores y de que la desocupación cayó de 8,8 % en 1963 a un 5,2 % en 1966, lo cual la ubicaba casi en el umbral del pleno empleo, no daba tregua y embestía incesantemente contra el Gobierno de Illia. Imperturbable, el Presidente garantizó sin limitaciones el derecho de huelga y los derechos colectivos de las organizaciones sindicales y los representantes gremiales.

La política económica, como no podía ser de otra manera, estaban en consonancia con la defensa de los intereses nacionales y populares. El equipo económico que acompañaba al Presidente integrado por Eugenio Blanco, Juan Carlos Pugliese, Alfredo Concepción, Enrique García Vázquez, Roque Carranza, Félix Elizalde, entre otros hombres de notable formación, tenía la particularidad de no provenir de ningún “think tank” financiado por grupos económicos que como contraprestación exigían el amparo de intereses particulares o sectoriales. De todos ellos se puede predicar que compartían una savia común que entendía que la economía debe estar subordinada a la política y está a programas que se estructuren sobre la base de claras posiciones ideológicas y férreos principios morales.

Los organismos multilaterales de crédito, surgidos de los acuerdo de Bretton Woods recibieron al gobierno de Illia con una agenda que incluía una particular interpretación de las garantías de seguridad jurídica para el capital extranjero: políticas impositivas diferenciales como requisito para atraer inversiones, congelamiento de salarios, enajenación de activos públicos, restricción de la intervención estatal en la economía, apertura de las fronteras económicas, desregulación de barreras arancelarias, ajuste de las cuentas públicas, restricción de la estructura estatal  y control del déficit público, entre otras ya clásicas medidas de la ortodoxia económica.

Arturo Illia desechó la aplicación de medidas de este talente que hubieran golpeado fuertemente a los sectores populares. Por lo que tomo la decisión de cancelar vencimientos sin comprometer reservas, evitando la opción de tomar nuevos créditos de aquellos mismos organismos. La deuda externa global del país entonces operó una notable disminución lo que significó la recuperación de la autonomía, evitando injerencias externas sobre nuestra política económica. Esto no entraño enclaustrar nuestra economía, si no que por el contrario, siguiendo lo establecido en plataforma difundida durante la campaña electoral, se diversificaron las relaciones comerciales en el plano internacional, siendo ejemplo de ello la apertura de relaciones comerciales con la República Popular China y países de Europa del Este – valga ponerlo en contexto – en pleno desarrollo de la denominada “Guerra Fría”.

Solo por citar algunos indicadores podemos mencionar la evolución del Producto Industrial del 4, 1% en 1963 al 18, 9% en 1964 y al 13, 8%  en 1965. El PBI opero un crecimiento el 2,4% en 1963,  10, 3% en 1964 y 9,1% en 1965. Las reservas en oro y divisas al asumir Illia el Gobierno se encontraba en el orden de los 6.384 millones de pesos, en tanto que al momento de producirse el asalto al gobierno por parte de Juan Carlos Onganía el país contaba con 38.037 millones pesos de reservas en oro y divisas. La deuda externa en tanto experimentó una deducción en el mismo periodo de 3.390 millones de pesos a 2.650 millones.

Los fríos números de la economía toman color popular si recordamos que estas medidas tuvieron su correlato en el plano interno con la adopción de una política crediticia desvinculada de la especulación financiera y volcada a la producción y el trabajo, mediante un fuerte impulso al cooperativismo y rigurosos  controles a la banca internacional para limitar el giro de utilidades al exterior y a las entidades financieras nacionales respecto del otorgamiento de préstamos por encima de la capacidad de respuesta económica.

La creación del Consejo Nacional de Desarrollo acompaño esta política económica, impulsando la industrialización, la sustitución de importaciones, la promoción de las exportaciones y el despliegue de un plan federal de obras públicas que armonizaran el crecimiento y apuntalara el progreso de las economías regionales. A esto se sumó el control del desempeño de las empresas públicas con la creación de la Sindicatura General de Empresas del Estado, poniéndolas al servicio del proyecto nacional.

En paralelo se estableció el Consejo Económico y Social como instancia democrática de planificación de la economía nacional, respetando las competencias originarias del Congreso de la Nación en materias establecidas por la Constitución Nacional, descartando cualquier tentación por solicitar facultades extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional.  En el plano institucional se respetó sin cortapisas el principio republicano de división entre los poderes del Estado, asegurando la independencia del Poder Judicial como forma de garantizar la imparcialidad de la Justicia. Illia le rechazó la renuncia a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresándoles “la República necesita los jueces de la Constitución y no los jueces del Presidente. Cumplan ustedes con fidelidad su labor”.

Pero todo crecimiento económico -  sabia Illia - deviene injusto sin ello no es acompañado de un equitativo progreso social. Formado en los valores de la Reforma Universitaria de 1918, asumía como consigna que la educación es el motor de la movilidad social ascendente, razón por la cual elevo la asignación de las partidas dirigidas a educación, cultura, ciencias e investigación de un 12% en 1963 al 25% en 1965, duplicando así su participación en el presupuesto nacional.

Su salida del gobierno fue la resultante de la confluencia de factores convergentes, muchos de los cuales son relevados por los investigadores Cesar Tcach y Celso Rodriguez en la obra “Illia. Un sueño breve”, la que cuenta con interesantes aportes surgidos de la desclasificación  de documentos de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país.  Los intereses corporativos que habían visto peligrar sus privilegios por las acciones emprendidas por un Presidente sin macula, tuvieron en el sector integrista de las Fuerzas Armadas - de orientación falangista y formados en la doctrina de Seguridad Nacional - su brazo armando para perpetrar el golpe de Estado.

Illia cuyas única arma de defensa era su integridad moral, intento resistir el putsch encabezado por Perlinger, Pistarini y Alsogaray al mando de un grupo de oficiales del Ejército. Si bien no pudo detener aquel avance, no se privó de calificarlos frontalmente de “salteadores nocturnos”. Rodeado por un puñado de colaboradores y algunos militantes de la Unión Cívica Radical, bajo las escaleras de la Casa de Gobierno y salió con la misma honestidad que había ingresado.

Arturo Illia había dejado de ser Presidente de la Republica para volver a ser el militante orgánico que fue toda su vida. Un militante democrático y progresista que había encontrado en el Radicalismo las banderas para portar en su estandarte.

La Dictadura de Ongania, lo encontró caminando junto a los estudiantes conmemorando el 50° aniversario de la Reforma Universitaria, como recordara alguna vez Guillermo Estévez Boero, quien se refreía a Arturo Umberto Illia - con toda razón -  como  el “Presidente de la Dignidad”.


4 de junio de 2016

EL SABLE QUE EMPUJA LA PLUMA


El Gobierno de la alianza Cambiemos suele conseguir logros de manera paradojal.
Prueba de ello es el contundente reconocimiento a la política de democratización de Las Fuerzas Armadas llevada adelante por el Presidente Raúl Alfonsín, de parte de organismos de Derechos Humanos, intelectuales progresistas y dirigentes políticos y sociales del campo popular. Muchos ellos - que le negaron a Alfonsín en su momento la valentía cívica puesta de manifiesto durante la transición democrática - en los últimos 12 años -valga decirlo - tuvieron una actitud, al menos benévola, con iniciativas como el denominado “Proyecto X” (por medio del cual Gendarmería Nacional ejecutaba actividades de espionaje o inteligencia sin una clara delimitación metodológica o especificación de objetivos), las denuncias sobre actividades de inteligencia militar a cargo del General Cesar Milani (acusado de participar en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar) o la nunca resuelta desaparición en democracia de Jorge Julio López, tras su declaración en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que fue condenado el represor Miguel Etchecolatz.
El decreto 721/2016 firmado por el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional, de manera paradojal, vino a iluminar los valores democráticos del Gobierno del Presidente Alfonsín y el coraje político para defender sus instituciones.
El Presidente Alfonsín había fijado como misión primordial de su mandato restablecer el orden democrático, la forma representativa y republicana de gobierno, garantizar los Derechos Humanos, juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad conforme una gradación de responsabilidades penales, civiles y políticas, depurando a Las Fuerzas Armadas, para devolverlas al marco de sus responsabilidades originarias en torno a la defensa nacional.
En concordancia con esa misión fundacional para la democracia argentina, el Presidente Alfonsín firmó los decretos 436/84 (del 12 de enero de 1984, a poco más de un mes de iniciar su mandato) y el 101/85 (del 16 de enero de 1985) con el objetivo de reimplantar la subordinación absoluta de Las Fuerzas Armadas al orden jurídico democrático y poner la toma de decisiones - aun las administrativas - en la esfera del poder civil y las instituciones que establece la Constitución Nacional, que son las que legítimamente elige el Pueblo mediante el sufragio universal, secreto y obligatorio. Esta doctrina democrática sobre el poder castrense se complementó con la sanción de la ley que modificó el Código de Justicia Militar y ponía en la órbita de la jurisdicción civil el juzgamientos de miembros de Las Fuerzas Armadas (lo que posibilitó el Juicio a las Juntas y los procesos penales por delitos de lesa humanidad, conjuntamente con los decretos presidenciales 157/83 y 158/83), la ley de seguridad interior y la ley de defensa nacional.
Este hecho toma una relevancia extraordinaria si tenemos en consideración que el expandido poder militar no había declinado frente a las fuerzas de la democracia y era, aún, un factor de desestabilización permanente y al acecho. Lo que quedó demostrado con las asonadas militares que tuvieron en vilo a la democracia argentina en Semana Santa del año 1987 y en Monte Caseros y Villa Martelli durante el año 1988.
Aquellos decretos firmados por el Presidente Alfonsín cargaban con el propósito de refirmar, de manera indubitable, el carácter de Comandante en Jefe de Las Fuerzas Armadas del Presidente de la Nación tal cual manda la Constitución Nacional. Por lo tanto toda decisión en el ámbito de Las Fuerzas Armadas debía, necesariamente, emanar del Poder Ejecutivo Nacional. De ninguna manera podía permitirse la autonomía respecto del poder civil de un General, Almirante o Brigadier en el dictado de decisiones internas de ninguna de Las Fuerzas Armadas ni, mucho menos, en el ámbito del Estado Mayor Conjunto.
El decreto 721/2016 - el cual deroga totalmente en su artículo 8 el decreto 436/84 y parcialmente en sus artículos 1 y 7 el 101/85 - significa un vuelco doctrinario inédito en la relación entre las instituciones civiles y las instituciones castrenses. La nueva disposición vuelve a poner en manos del Jefe del Estado Mayor Conjunto y los Jefes del Estado Mayor de Las Fuerzas Armadas facultades incompatibles con la inacabada tarea de democratización del poder militar en la República Argentina.
En los considerandos del decreto se fundamenta la decisión del Poder Ejecutivo Nacional en la necesidad de “establecer procedimientos ágiles” y “simplificar los circuitos administrativos”. Conceptos muy propios del ámbito empresarial donde el objetivo es la maximización de la rentabilidad mediante principios eficiencia y eficacia, pero absolutamente ajenos a las Fuerzas Armadas cuyo objetivo primordial es la defensa de la soberanía nacional.
El decreto 721/2016 - por el cual se opera un vaciamiento de facultades originarias del Ministerio de Defensa como autoridad civil del orden castrense - en su artículo 3º delega en el Jefe del Estado Mayor Conjunto la designación de oficiales y suboficiales en su jurisdicción; con lo cual se cede a quien se encuentra situado en el escalafón inferior inmediato al Comandante en Jefe de Las Fuerzas Armadas, un enorme poder discrecional que le permitiría organizar una mesnada bajo su mando conforme su propio criterio político, sin revisión por parte del poder civil. El mismo artículo, en su apartado 3º, le delega al Jefe del Estado Mayor Conjunto la “aprobación de las calificaciones de egreso de los cursos conjuntos y otorgamiento de los títulos correspondientes”. Lo que está vinculado a la conformación del orden de mérito que debe elevarse a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, para la aprobación de los pliegos de ascenso del personal militar.
El apartado 4º delega la facultad de “designación del personal militar retirado para funciones docentes…en los institutos y cursos de formación conjuntos”. Lo cual también es una facultad eminentemente política. Las orientaciones de quienes dictan materias de una currícula nunca son neutrales. Y es lo lógico que así sea. Lo preocupante sería que en el ámbito formativo de Las Fuerzas Armadas se incorporen cuadros militares que reivindiquen los postulados doctrinarios, por ejemplo, del General Alcides López Aufranc, y esto no cuente con instancia de revisión por parte de la autoridad civil. Por lo que sería aconsejable que esa facultad de designación no depende del arbitrio de una sola persona, sino que esté a cargo de un órgano colegido mixto, integrado también por profesionales civiles con conocimientos acreditables en materia militar, geoestratégica, tecnológica y científica, y por supuesto, comprometidos con los valores democráticos. Y que sea ese cuerpo colegiado quien eleve propuestas para incorporación de cuadros militares retirados a los institutos de formación a la autoridad civil para su aprobación. Incluso, abriendo la participación a organizaciones de la sociedad civil para recabar opinión en el marco de una política de apertura y democratización de Las Fuerzas Armadas.
Finalmente el apartado 5º del artículo 3º otorga a la autoridad mencionada la facultad de designar “agentes civiles en su jurisdicción y autorización de sus cambios de destino”. Un dato, que por los antecedentes en la materia, se torna alarmante. Ya que por agente civil puede entenderse desde un empleado administrativo a un agente vinculado a tareas de inteligencia militar. Recordemos que en la nómina del tristemente célebre Batallón 601 del Ejército, figuraban - según consta en una denuncia radicada en el año 2010 en el Juzgado Federal a cargo del Juez Ariel Lijo - más de 4000 “agentes civiles” que cumplían tareas clandestinas en esa dependencia. Tareas que consistían en actividades ilegales de inteligencia, infiltración y secuestro extorsivo de personas durante la dictadura militar. Uno de los casos más emblemáticos de esa organización fue el del “agente civil” Raúl Guglieminetti (vinculado al centro clandestino de detención “Automotores Orletti” y años más tarde a la banda criminal de Aníbal Gordon) quien se logró infiltrar, incluso, en la custodia del Presidente Alfonsín en plena transición democrática. Por eso, este apartado 5º del artículo 3º del decreto 721/2016, nos parece uno de los más preocupantes con relación a estos antecedentes.
El Art. 4º del decreto 721/2016 - en sus 18 apartados - confiere a los Jefes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada amplísimas facultades para la designación y cambio de destino de Suboficiales Subalternos, Suboficiales Superiores, Oficiales Subalternos Y Oficiales Jefes de las distintas Fuerzas Armadas (lo que en la práctica son los rangos – excluidos los extremos de Tropa y Oficiales Superiores – en los que el personal castrense desarrolla casi la totalidad de su carrera militar). En los apartados posteriores el articulo les delega potestades como la aprobación de calificaciones, otorgamiento de grados, disposición de bajas y retiros, otorgamiento de ascensos y licencias, disposición de cambio de situación de revista, designación de personal militar retirado para funciones docentes, designaciones de agentes civiles y autorización de cambio de destino. Delega también prerrogativas jurisdiccionales como la resolución de los recursos “como definitiva y última instancia” previa a agotar la vía administrativa; pone bajo la autoridad del Jefe de cada Fuerza al personal retirado, en disponibilidad y en situación pasiva. Concede facultades para otorgamiento de pensiones o situaciones de retiro efectivo y una vasta legitimación procesal para actuar frente a la administración de justicia.
Es decir, un extraordinario cumulo de potestades que, en manos de los Jefes de cada una de las Fuerzas Armadas – y al tratarse de una organización jerárquica y vertical - , engrosa su poder interno al no depender de ya - siquiera – del visado o referendo de la autoridad civil ejercida por el Ministerio de Defensa en representación del Comandante en Jefe de Las Fuerzas Armadas.
Esta situación naturalmente modificará las relaciones internas de poder dentro de Las Fuerzas Armadas. Particularmente entre los Jefes y los subordinados; los que al no contar con la posibilidad sindicalizarse en defensa de sus intereses por las propias características de la organización militar, podrían verse empujados a establecer conductas más bien inclinadas a prestar lealtad a quien cuenta con el poder político de facilitar la carrera militar, antes que con la institución misma a la que pertenecen. Generando, incluso, fisuras en la uniformidad del cuerpo militar por el florecimiento de camarillas internas. Lo que desde el punto de vista de una organización tan peculiar como la institución militar, es siempre un nudo de conflictos latente porque posibilita la aparición de prácticas caudillistas alejadas de patrones de profesionalización, experiencia, capacidad técnica e idoneidad estratégica. Aspectos, estos últimos, que deben regir equilibradamente en un ámbito organizacional de compleja conducción como Las Fuerzas Armadas.
El decreto 721/2016 concede un empoderamiento a los Jefes Militares que excede largamente las meras funciones administrativas o “sinceramiento de prácticas que se daban en los hechos”. Argumento con el que algunos dirigentes políticos oficialistas pretendieron minimizar el impacto de una medida inédita que modifica una política de Estado vigente a lo largo de más 30 años, más allá de los gobiernos constitucionales que se sucedieron, de distinto signo político y diversa orientación ideológica.
La nueva normativa convierte a los Jefes Militares en verdaderos Jefes Políticos de cada una de la Fuerzas Armadas que comandan y al Jefe del Estado Mayor Conjunto en un Jefe de Jefes, cuya autoridad no está sometida al escrutinio de la voluntad popular, si no que dependerá de su propia capacidad de acumulación política.
En síntesis el decreto 721/2016 les ha otorgado un grado de poder autónomo los Jefes de Las Fuerzas Armadas que no ostentaban desde la época en la que el Presidente Alfonsín impulsó su subordinación al orden democrático.
Tres décadas después un Ministro de Defensa, de origen radical, refrendó con su pluma el decreto que derogó aquellas medidas que garantizaron una transición hacia la democracia por ruptura y sin negociación con el régimen militar. Los sables han vuelto a brillar.
Quizás tenía razón Borges – una vez más – cuando decía aquello de que “ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones



29 de mayo de 2016

LA FIESTA


[Aclaración previa: Este es un intento de reflexión, sin la rigidez dogmática de la polarización, sobre algunos aspectos que hacen al reverdecer del pensamiento neoconservador que ha encontrado eco, incluso, entre quienes son lesionados por la aplicación de este tipo de políticas en el plano económico, social y cultural. El punto de enfoque es la construcción discusiva de una corriente ideológica que encontró su apogeo en la década del 90’ y hoy, pendularmente, vuelve por sus propios fueros. Quien quiera encontrar en estas líneas una defensa solapada del gobierno anterior (con el cual he expresado en su momento diferencias éticas irreconciliables) o bien es preso de sus propios prejuicios o bien está atado a una obstinada necedad. Situación de la que, lamentablemente, no puedo hacerme cargo.]
"LE HICIERON CREER A UN EMPLEADO MEDIO QUE PODÍA COMPRARSE CELULARES E IRSE AL EXTERIOR". Con esa frase el economista Javier González Fraga hizo emerger a la superficie una reacción intuitiva que anida en el pensamiento de buena parte de la dirigencia política actual.
Quien fuera Presidente del BCRA durante el Gobierno de Carlos Menem (lugar que debió abandonar cuando se hicieron públicas sus vinculaciones con el oscuro financista saudí, Gaith Pharaon, condenado en distintos lugares del mundo por lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de armas y drogas) puso de manifiesto, de manera muy nítida, el pensamiento neoconservador profundo.
En la esencia de ese razonamiento (muy respetable, por cierto) los sectores medios y los sectores populares deben justificar toda aspiración de ascenso social con ahorro, sacrificio y privaciones. Algo que desde luego no le es exigido a los que acumulan la mayor porción en la distribución de la renta y concentran la riqueza. Un rico, por derecho propio, puede acceder al uso, goce y disfrute de todo tipo de bienes materiales porque se corresponde con su condición social y su situación económica. Ahí no hay ninguna indagación sobre mérito y origen del dinero.
Para el pensamiento neoconservador toda pretensión creciente de participación e igualdad interfiere en la gobernabilidad de una sociedad. Por eso disciplinan, ya no a través del uso directo de la fuerza (a menos que sea estrictamente necesario), si con distintas herramientas de política económica y el montaje de un aparato de difusión de sus pautas culturales, las que naturalizan y perpetúan la desigualdad que es la base de su esquema de estratificación social.
Esta doctrina que alienta la contracción del Estado para permitir la expansión del mercado como agente de asignación de recursos, riquezas, expectativas, ingresos y funciones en la sociedad, tuvo a Robert Nozik como exponente en plano filosófico, a Samuel Huntington en el aspecto geopolítico, a Milton Friedman en el ámbito económico y a Ronald Reagan y Margaret Tatcher como referentes políticos.
Los neoconservadores conciben como negativa toda política de transferencia operada desde el Estado en favor de los sectores menos favorecidos, y promueven la estabilidad fiscal y monetaria a través de políticas de ajustes que restablezcan el equilibrio cuando se verifica una actividad Estatal que reasigna recursos mediante instrumentos de política económica. Esto debido a que piensan que la función del Estado debe limitarse a garantizar la seguridad jurídica y la libre competencia entre los agentes económicos, dejando librado al mercado todos los demás aspectos, como salud, educación, reglas de juego entre el capital y el trabajo, infraestructura, servicios públicos, etc.
Los neoconservadores criollos frente a este tipo de políticas redistributivas por medio de la intervención estatal en los procesos económicos, de inmediato recurren a una simplificación semántica para hacer más atendible su razonamiento. Utilizan desde hace más de 80 años el siguiente recurso lingüístico: “Acá hubo una fiesta y la fiesta hay que pagarla
En primer lugar, llamar “fiesta” a un tímido intento de reasignación que no modificó la matriz de distribución del ingreso en la sociedad es, al menos, un exceso gramatical cargado de intencionalidad ideológica.
Pero concediendo que lo que aquí sucedió fue una “fiesta”, hablamos entonces de los costos de la fiesta.
¿Sería justo que pague en igual proporción el que llegó al inicio de “la fiesta”, degustó caviar ruso, salmón del mar del norte, atún rojo japonés y ostras del pacifico acompañado de champagne francés, vinos de California y whisky escoses de 25 años; que aquel que ingresó a “la fiesta” por unos minutos, probó un sándwich endurecido y una cerveza tibia?
Es mas ¿es justo pretender que paguen “la fiesta” también aquellos que ni siquiera asistieron y la vieron sólo por fotos?
¿Quiénes son, entonces, los que disfrutaron realmente de “la fiesta”?
Vamos con un dato duro. Los bancos en la Argentina, durante los 12 años del ciclo político anterior, tuvieron tasa anual de rentabilidad que promedió casi el 25%. Los bancos privados - aun después de la crisis financiera mundial de 2008 - crecieron a un ritmo de casi el 30% anual. Sólo en 2015 – según el BCRA - el sector financiero ganó más de 60.000 millones de pesos, un 33% más que en 2014. El nivel de utilidades con relación al nivel de activos del sistema ascendió a un ritmo superior al 4% por año. Para no cifrar la realidad tapizándola con números (se pueden revistar sector por sector), digamos que ese nivel de crecimiento y rentabilidad se verificó también en distintos sectores de la actividad económica como el industrial, la construcción, agroexportador, servicios, telecomunicaciones, conglomerados de medios de comunicación, grandes cadenas de supermercados, etc. Ni hablar de actividades socialmente nocivas como la megaminería o el juego.
Es decir, el grueso de la renta fue captada por los sectores más potentes de la actividad económica. En la puja distributiva los sectores más vulnerables apenas mejoraron su posición por vía de transferencias articuladas desde la intervención del Estado (subsidios de tarifas de servicios públicos, asignación de partidas para cobertura de derechos universales, inclusión jubilatoria, flexibilización crediticia, etc.). Hoy, a esos sectores que apenas lograron captar un pequeña parte de la renta - que además la volcaron al consumo interno dinamizando la actividad económica y no a la especulación financiera - se le impone el mayor peso del ajuste con el que se pretende “pagar la fiesta”.
Ahora. ¿Se puede llamar “fiesta” al hecho que un trabajador/a, con el fruto de su trabajo, tenga la posibilidad de mejorar sus condiciones materiales de vida, adquiriendo electrodomésticos, una motito, un auto, mejorando o accediendo a la vivienda propia; o que se pueda “dar el lujo” de disfrutar de vacaciones o que sus hijos logren a niveles de educación que sus padres no pudieron alcanzar? Por otro lado no sería irrazonable preguntar si las medidas tomadas en los últimos meses por el actual gobierno nacional (levantamiento de retenciones a los sectores exportadores, apertura de la importación, liberación impositiva a la minería, eliminación de restricciones para girar divisas al exterior, acuerdo con los fondos buitres, toma de deuda pública con la banca privada internacional, restablecimiento de relaciones con FMI, amnistía fiscal, blanqueo de capitales, altas tasas de interés para operaciones con títulos y acciones bursátiles, eximición tributaria a la renta financiera, entre otras) no son el realidad el comienzo o la segunda parte de LA FIESTA que ya vivimos en la década del 90´, y que ya sabemos quién pagó y cargó con la resaca.
Entonces ¿Qué es lo que irrita realmente al pensamiento neoconservador?
Ni más ni menos que la posibilidad de un cambio de la estructura socioeconómica.
¿Cómo es esto? Vamos por la vía del ejemplo. Supongamos que toda la renta nacional de un país es una torta dividida en 12 porciones. En un esquema de distribución desigual clásico, un 10% de la sociedad se queda con 8 porciones de esa torta. Un 40% se queda con 3 porciones y el restante 50% se queda con la porción sobrante. Un proceso redistributivo podría restarle al 10% más rico 2 porciones y transferirlas - mediante herramientas de política fiscal o política económica – al 90% menos favorecido. Así el 40% que recibía 3 y ahora pasa ahora a recibir 4 y el 50% que recibía 1 y ahora recibe 2. Con lo cual el 40% mejoraría su participación en la distribución en un 25% y el 50% lo haría en un 100%. Mientras que el 10% seguiría siendo favorecido con el 50% de las porciones de esa torta.
Como se podrá apreciar no estamos hablando - ni por aproximación - de un proceso revolucionario de colectivización de los medios de producción; si no tan sólo de una corrección progresiva de los índices de proporcionalidad en la distribución del ingreso en una sociedad marcadamente desigual.
Pero aun cuando no esté en el planteo la sustitución del capitalismo, toda política redistributiva enciende las alarmas del pensamiento neoconservador.
¿Por qué?
Porque ahí, justamente, está el peligro inminente de la pérdida de sus porciones de poder. El ascenso social de los sectores populares, envalentonados por su mejora en la distribución de la renta, es la antesala – entienden - desde donde pretenderían avanzar cuestionando el orden establecido y disputado el escenario político y el gobierno de las instituciones del Estado. Lo cual podría – eventualmente - poner en riego valores como la propiedad privada y la seguridad jurídica. El pánico es que la democratización de la economía termine “degenerando” en una democratización social que haga perder sus privilegios a los sectores dominantes.
Para evitar ese escenario es necesario obturar la constitución de un sujeto político homogéneo con la fortaleza suficiente para entrar en pugna con los factores tradicionales de poder.
Para conservar el orden establecido será imprescindible fomentar el individualismo defensivo (“sálvese quien pueda”) y el control social mediante la manipulación de la emotividad, las pasiones y el sentimiento irreflexivo de los individuos. En eso cuentan con el inestimable apoyo de grandes medios de comunicación, que mediante el uso un verdadero aparato de propaganda hipodérmica y un blindaje mediático nunca antes visto, intentan persuadir a cerca de las "bondades" futuras que derivaran de los "esfuerzos" presentes. Esta acción orquestada garantiza el retraimiento del desarrollo una conciencia colectiva crítica que juzgue y dispute la hegemonía política de la sociedad a los sectores dominantes.
Para lograr ese objetivo nada mejor que intentar hacerles entender a los trabajadores/as – a través de, por ejemplo, “prestigiosos economistas” o “influyentes formadores de opinión pública” - que toda pretensión de mejora en su calidad de vida a costa del Estado, es en realidad a costa de quienes contribuyen con sus impuestos a su sostenimiento. De lo que se deduce que no hay derecho a el Estado se haga cargo de lo que tiene que estar cargo de cada persona de manera individual.
Por eso lo expresado por González Fraga más allá del repudio personal que me generan sus declaraciones, me impone la necesidad de escribir estas palabras para expresar esta especie de vergüenza ajena que me queda como un amargo sabor, por el hecho de que esta persona haya sido candidato a Vicepresidente de la Nación en la 2011 integrando la fórmula de mi Partido. Situación debida a que, de manera inconsulta e intempestiva, un puñado de dirigentes arrogándose unilateralmente la representación de todo/as los afiliados/as creyó necesario dar una “señal de previsibilidad a los mercados”, y así apareció en la fórmula este elemento extraño al Radicalismo. El resultado fue previsible. Luego, presintiendo en el error, la dirigencia partidaria que convocó a González Fraga a integrar la fórmula, lo invito “afilarse” a la Unión Cívica Radical y lo convirtió en una especie de “referente económico” partidario.
Quizás hubiese sido muy útil que al momento de extenderle la ficha de afiliación a la UCR, le hubiesen hecho conocer a González Fraga que para el Radicalismo – como decía Hipólito Yrigoyen - “la democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política, entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera”. Hubiese sido muy útil también para la Unión Cívica Radical recordarlo, ya que últimamente termina pagando la fiesta inolvidable de dirigentes que a diario nos recuerdan más a Peter Sellers que a Leandro Alem.

2 de abril de 2016

YRIGOYEN PRESIDENTE


EL CENTENARIO DE LA DEMOCRACIA PLEBEYA



Disfrutamos de un régimen político que no imita leyes de nuestros vecinos; en efecto, nosotros mismos servimos de modelo para algunos. En cuanto al nombre, puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría, y no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado DEMOCRACIA. Respecto a las leyes, todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares; en lo relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social; y tampoco al que es pobre, por su parte, su desafortunada posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo”.

Estas palabras pronunciadas por Pericles en el año 431 A.C, en ocasión del homenaje a los caídos durante la Guerra del Peloponeso, esbozan toda una definición de democracia. De aquella definición del ateniense hasta la llegada de la democracia a la República Argentina pasarían casi 25 siglos.

Habríamos de esperar 100 años desde ocurrida la Declaración de la Independencia de nuestro país en 1816 hasta el momento en que el pueblo argentino pudiese elegir, democráticamente, a sus representantes en las distintas esferas del Gobierno del Estado. Si bien nuestra Constitución Nacional de 1853 había adoptado el sistema republicano de gobierno, en ningún párrafo del histórico texto constitucional se mencionaba la palabra “democracia”. Tal vez por deducción del principio por el cual se establece que “el pueblo no delibera ni gobierna si no por medio de sus representantes” y al haber alcanzado acuerdo para fundar una República federal ello, de alguna manera, llevaba insisto la percepción de democracia que tenía el liberalismo argentino en aquella época.

Pero en la realidad de los hechos esto distaba, y mucho, de ser un auténtico sistema democrático. La Ley 140 - que rigió desde 1857 hasta 1912 - establecía lo que se denominó el “voto calificado”. Este sistema electoral tenía las siguientes particularidades. En primer lugar el voto era opcional, por lo que toda persona que cumplimentara con los requisitos fijados por la ley (que no eran pocos), debía inscribirse ante una junta calificadora a cargo de la autoridad política de cada localidad, la que determinaba, según su arbitrio, si ese individuo estaba en condiciones o no de elegir a sus representantes. El acto comicial era presidido por funcionarios de locales más un par de “vecinos notables”. Estos elegían a lo que hoy conocemos como “autoridades de mesa”, quienes a su vez eran los encargados de llevar adelante la asamblea electoral. La emisión del voto era verbal o escrita, dejándose constancia de por quién votaba cada persona. La norma en cuestión, también otorgaba amplios y discrecionales poderes a las autoridades para la exclusión, por medio del uso de la fuerza pública, de “elementos indeseables” que pudieran entorpecer el “normal desenvolvimiento del comicio”. Nótese que no existían ciudadanos con la facultad de fiscalizar la transparencia del acto electoral ni del escrutinio; y todo se iba resolviendo en base al criterio de la autoridad actuante.

La ley 140 encontraba fundamento en la antigua (y siempre vigente) tradición conservadora que  veía en la libre expresión de la voluntad de los sectores populares peligro inminente de perder sus privilegios sobre el dominio del Estado y el control social de la población. Las élites dominantes, hasta el acaecimiento de las elecciones de 1916, se alternaban ininterrumpidamente en el Gobierno y hacían del Estado su hacienda. Esta constante práctica política, excluyente y oligárquica, tenía una doctrina propia que le servía de inspiración. Entre quienes tributaban a esa corriente doctrinaria estaba Juan Bautista Alberdi, quien sostenía “Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio". Es decir que para esta concepción ideológica sólo estaban calificados para elegir a sus gobernantes las personas cultas y ricas, puesto que todo lo demás podía ser contaminado por ignorancia o necesidad. Así sólo unos pocos podían ostentar la calidad de ciudadanos, relegando a quiénes no pudieran exhibir esas condiciones a ser súbditos de una democracia sin pueblo.

Aun así, cuando el resultado de esas elecciones condicionadas podía poner en riesgo el orden establecido, las élites dominantes siempre tenían a mano la posibilidad de recurrir a la violencia y el fraude para restaurar el orden impuesto por ellas. Domingo Faustino Sarmiento, con motivo de las elecciones celebradas en 1857, escribía a modo de confesión a su amigo Domingo de Oro Zavalla: “Para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror, que empleados hábilmente han dado este resultado. Los gauchos que se resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en el cepo o enviados a las fronteras con los indios y quemados sus ranchos…Bandas de soldados armados recorrían las calles acuchillando y persiguiendo a los opositores. Tal fue el terror que sembramos entre toda esa gente, que el día 29 triunfamos sin oposición. El miedo es una enfermedad endémica de este pueblo. Esta es la palanca con que siempre se gobernará a los porteños, que son unos necios, fatuos y tontos”.

Contra el dogma positivista, el fraude y la violencia política se alzaría un movimiento de ciudadanos, que en su mayoría posteriormente integrarían la Unión Cívica Radical. Aquel movimiento nacional, popular, democrático y federal provocó una verdadera revolución en la vida política de nuestro país. Venía para acabar con una democracia oligárquica y derrumbar lo que Leandro Alem denominó “un régimen falaz y descreído”.

La Unión Cívica Radical se erige entonces como “la causa contra el régimen”, llevando adelante una indomable lucha política que se prolongó a lo largo de 25 años, la cual incluyó desde levantamientos armados hasta una obstinada abstención revolucionaria.

En 1910 el líder político del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, decide aceptar la invitación al dialogo propuesta por el Presidente de la Nación Roque Saenz Peña. En aquella reunión, el Presidente de la Nación le hace formalmente un ofrecimiento a Yrigoyen:

-          Don Hipólito, mi propuesta es que la Unión Cívica Radical se integre al Gobierno. En razón de ello le ofrezco dos ministerios y participar en la reforma electoral

Yrigoyen, fiel a la intransigencia principista que caracterizaba al Radicalismo de aquellos tiempos, fue lacónico y firme en la respuesta:

-          Presidente. La Unión Cívica Radical no busca ministerios. Únicamente pide garantías para que el Pueblo pueda votar libremente”.

Saenz Peña tuvo, en principio, una actitud de reproche frente a lo que consideraba una falta de colaboración del Radicalismo en la reforma política que buscaba. Pero al finalizar la reunión contempló, en toda su magnitud, la dignidad cívica de Yrigoyen y lo despidió con una mezcla de admiración y afecto por aquel gesto que definía la ética política del Radicalismo y particularmente de su líder.

La intensa lucha radical alcanzaría su objetivo en el 10 de febrero de 1912 con la sanción de la Ley 8871, conocida como Ley Saenz Peña. Así denominada ya que fue aquel Presidente quien bajo la consigna “quiera el pueblo votar” le dio impulso definitivo al sistema electoral que consagraba el voto universal, secreto y obligatorio. Lo cual, valga decirlo, se completó en 1949 con la sanción del denominado “voto femenino”, que a nivel nacional reconoció los derechos políticos de la mujer.  

El acaecimiento de la democracia en nuestro país, como puede observarse, no fue obra de una gentil concesión de la oligarquía gobernante ni se dio por una evolución espontánea del derecho del pueblo a ejercer su soberanía. Fue, como toda conquista social, fruto de la disputa política entre quienes detentan el poder en un determinado orden establecido y el pueblo movilizado y organizado, con objetivos claros y conciencia de la trascendencia de su lucha. El Radicalismo, con el liderazgo político de Hipólito Yrigoyen, supo interpelar e interpretar las legítimas aspiraciones del pueblo argentino en aquel momento histórico. 

El 2 de abril de 1916 la soberanía popular se expresaría, por primera vez en nuestra historia, de manera democrática en comicios libres y transparentes. El veredicto del aquel escrutinio se confundió con la voz del pueblo en una frase que resumía un nuevo tiempo que comenzaba: Yrigoyen Presidente.

Había llegado el tiempo de la democracia plebeya en Argentina.


24 de marzo de 2016

RESPUESTA AL PERIODISTA NEGRO


A la espontanea indignación que me provocó el artículo de Germán Negro publicado en La Voz Del Interior bajo el título “NO TODOS USABAN UNIFORMES”, le siguió una mirada reflexiva que se fue macerando con el correr de los días hasta decidirme a publicar esta respuesta.

El texto de Negro cargado de insinuaciones, consideraciones subjetivas, hechos no corroborados y algunos datos objetivos sobre el pasado reciente, pretende poner a la Unión Cívica Radical en el ímprobo lugar de “colaboracionista civil” de la última dictadura militar, enlodando - sobre la base de elucubraciones indocumentadas - la memoria de dirigentes emblemáticos del Radicalismo.

Las razón o el móvil que impulsó al autor a escribir ese artículo son desconocidas para nosotros. Pero sí, hablando con el texto, podemos hacer algunas preguntas.

El artículo comienza y termina con algunos datos, que, como dijimos tienen carácter objetivo. Tanto cuando hace referencia a “los sectores del empresariado y de la derecha criolla que siempre aportaron hombres, recursos e ideología a cuanto militar se asomara con alguna cuota de poder”, cómo cuando señala la participación de dirigentes de distintos Partidos Políticos como funcionarios de facto en sucesivos  gobiernos militares. Desde el Golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen en adelante, éste ha sido un hecho tan lamentable como incontrovertible. Entonces, sobre este punto, nada por agregar de nuestra parte.

Pero siguiendo el recorrido del artículo nos encontramos con lo siguiente:

La columna política que tuvo Jorge Rafael Videla en los dos primeros años fue de cuna radical. El general José Villarreal, a quien se consideraba un militar vinculado al radicalismo, fue designado después del golpe como secretario General de la Presidencia. Con él llegaría uno de los cuadros más brillantes que tenía la UCR: el abogado cordobés Ricardo Yofre. Es el hermano mayor de Juan Bautista ‘Tata’ Yofre, quien sería titular de la Side durante el gobierno de Carlos Menem. Esa área política del gobierno del genocida Jorge Rafael Videla tendría como asesor al también radical Virgilio Loiácono, quien reaparecería en escena como secretario Legal y Técnico de la presidencia de Fernando de la Rúa.” Para agregar, párrafos más adelante, “Entre los radicales con puestos encumbrados durante la dictadura también se destaca José María Lladós, director del Banco Hipotecario en 1981. Y se reciclaría en el gobierno de Alfonsín como secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.

Presentado de esta manera, un lector desprevenido puede llegar a concluir que las alusiones asertivas desplegadas en el texto presentan algún grado de coherencia lógica. De esta forma el artículo induce, con real malicia, a un razonamiento inválido. Es decir, a un tipo de razonamiento que partiendo de premisas válidas llega a conclusiones incorrectas.

Veamos cómo funciona este tipo de razonamiento inválido con un ejemplo:
  • premisa 1: Todos los gatos son vertebrados
  • premisa 2: Todas las liebres son vertebradas
  • conclusión: Todos los gatos son liebres.
Con el artículo sucede algo similar.
  • premisa 1: se alude a cuatro individuos que tuvieron participación en la última dictadura militar.
  • premisa 2: se relaciona a estos cuatro individuos con la Unión Cívica Radical.
  • conclusión: se sugiere un vínculo de colaboración entre la Unión Cívica Radical y la última dictadura militar.
Como vemos se trata de una conclusión incorrecta donde el texto busca hacer pasar gato por liebre.

Avanzado en el análisis del artículo encontramos otras falacias argumentales.

Afirma el texto: “La columna política que tuvo Jorge Rafael Videla en los dos primeros años fue de cuna radical
  • Pregunta: 
 - ¿Quiénes conformaban “la columna política de Videla”?
  • Respuesta:
 - No se sabe. No hay datos, nombres, hechos ni documentos que acompañen esa descripción.
  • Pregunta:
 - ¿Qué es lo que considera el artículo “una cuna radical”?
  • Respuesta:
 - Tampoco se sabe. Es solo una frase prosaica sin ningún argumento de respaldo. Por lo que sólo se busca, con esa referencia abstracta, predisponer al lector a tomar como válidas afirmaciones posteriores.

En esa misma línea enunciativa prosigue el artículo: “El general José Villarreal, a quien se consideraba un militar vinculado al radicalismo, fue designado después del golpe como secretario General de la Presidencia.”
  • Pregunta:
 - ¿La afirmación a cerca de un presunto vínculo de Villareal con el Radicalismo, es un dato verificable o es una simple opinión?
  • Respuesta:
 - Es una simple opinión.
  • Pregunta:
 - ¿Quién o quiénes consideraban a Villareal “un militar vinculado al radicalismo”?
  • Respuesta:
 - No se sabe. Otra nebulosa referencia más cercana al rumor que a la evidencia.
  • Pregunta:
 - ¿Villareal era afiliado de la Unión Cívica Radical?
  • Respuesta:
 - No. La ley establece, taxativamente, que no pueden ser afiliados a Partidos Políticos “El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicios
  • Pregunta:
 - ¿Aporta el texto algún elemento probatorio para sostener esa  opinión?
  • Respuesta:
 - Ninguno. Repito: Ninguno.

El artículo prosigue con una singular caracterización. Sostiene que el abogado Ricardo Yofre era “uno de los cuadros más brillantes que tenía la UCR”.

Aquí quizás nos encontramos frente a una de las incógnitas más insondables del texto, lo cual dispara inmediatamente una serie de preguntas que difícilmente obtengan respuesta sin una interpelación al autor. ¿Cuál es la noción que tiene autor acerca de lo que considera “un cuadro” y cuál es la escala intelectual y política para adjetivarlo con el calificativo de “brillante”?

En este caso el texto, como dijimos, no nos puede brindar una respuesta. Ni siquiera una aproximación tentativa; ya que la afirmación se desprende de una valoración, personal y subjetiva, que realiza el autor desde su propia escala de valores. Es decir, se trata de una mera opinión personal. De una creencia del autor, sin ningún tipo de fundamento epistemológico.  Y como toda opinión es siempre respetable, aun cuando se manifieste de imposible verificación.  

Hecha esta aclaración y centrándonos en la figura de Ricardo Yofre, lo poco que sabemos de este individuo es que él, al igual que su hermano Juan Bautista, han sido personas íntimamente vinculadas al sombrío mundo de los servicios de inteligencia, sea en su faz orgánica o inorgánica. Uno operaba dentro de la Unión Cívica Radical y el otro operaba dentro de la estructura del Partido Justicialista. Por lo que prender vincular sesgamente a Ricardo Yofre con la Unión Cívica Radical y desde allí forzar un nexo vincular entre dicho Partido Político y la dictadura militar, es, lisa y llanamente una tramposa falacia que no resiste el menor análisis.

A fin de evitar la redundancia, digamos que lo expresado hasta aquí sobre Villareal y Yofre, vale también para los ignotos Loiacono y Lladós.

Pero tal vez la zona del artículo donde se nota con mayor nitidez el desprecio por toda estándar de rigurosidad investigativa y la ausencia total de pautas deontológicas, es en el pasaje del texto en el que se hace alusión a supuestas palabras puestas en boca de Ricardo Balbín, como asimismo a la también supuesta participación de Raúl Alfonsín en una - también supuesta - negociación llevada adelante por Ricardo Yofre con facciones del Ejercito, en medio de la interna del poder militar durante la dictadura.  

Estas incomprobables aseveraciones tendrían origen en obras literarias de Ceferino Reato y Juan Bautista Yofre. Ambos autores, valga decirlo, activos participantes de la línea política que abona justificaciones sobre a la última dictadura militar. Dichas aseveraciones no cuentan con ningún respaldo documental que avale el manto de sospecha que el texto pretende tender sobre dos ciudadanos comprometidos con los valores democráticos, como lo fueron en vida Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín. El texto - a esta altura ya evidentemente cargado de frases arteras como puñales en la noche - se desarrolla con la indescontable e impúdica ventaja de que los aludidos no podrán ejercer por sí mismos su derecho a réplica.

Rápidamente el artículo se va cerrando con un estilo huidizo, dejando a su paso cuestiones sin responder:
  • ¿Por qué un Partido Político, con el nivel de vinculación que el texto induce a pensar que existía entre la UCR y la dictadura, permanecería impasible frente al secuestro, tortura y muerte de Sergio Karakachoff, Mario Abel Amaya, Angel Pisarello o Luis Ramón Aredez; o ante las detenciones clandestinas, allanamientos ilegales y el exilio que sufrieran, entre otros, Hipólito Solari Yrigoyen, Adolfo Gass, Jorge De La Rúa o Luis Brandoni, por solo citar algunos casos acreditados?
  • ¿Por qué decenas de abogados radicales en todo el país se presentaban ante los estrados judiciales solicitando, mediante recursos de habeas corpus, el paradero de personas detenidas - desaparecidas, si su Partido supuestamente estaba alineado con el proceso militar?
  • ¿Porque razón cientos de militantes de la Unión Cívica Radical formaron parte de la fundación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos?

A estos interrogantes se suma algo realmente llamativo. El texto evita hacer alusión a un hecho histórico no menor. Durante la campaña electoral de 1983 hubo un candidato de un Partido Político que se opuso a la autoamnistía que se habían otorgado los militares. Un candidato de un Partido Político que se comprometió a derogar esa norma antijurídica que garantizaba impunidad y a juzgar, en sus distintos niveles de responsabilidad y con todas las garantías establecidas en la Constitución Nacional, a quienes habían actuado en la represión ilegal antes y durante la dictadura. Ese candidato triunfó en las elecciones del 30 de octubre de 1983, asumiendo la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de ese mismo año. Tan sólo cinco días más tarde, cumpliendo la promesa de campaña, firmó el decreto creando la CONADEP, cuyo informe titulado “NUNCA MAS”, fue la base del emblemático Juicio a las juntas militares que por primera vez juzgó y condenó a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en este país.
  • Pregunta:
 - ¿Puede llamarse a este hecho político extraordinario, de trascendencia histórica y universal, colaboracionismo civil con el régimen anterior?
  • Respuesta:
 - Indiscutiblemente se trataría de un colaboracionismo muy poco colaborativo…

Pero también es dable decir que esa secuencia de juicio y condena aun no llegó a muchos de los verdaderos cómplices civiles de la dictadura militar, exceptuados de toda mención en el artículo. Es curioso, pero el texto al señalar “la ‘base civil’ que tuvo el golpe de 1976”, omite cualquier referencia a datos históricos fácilmente verificables y hechos comprobados por la Justicia como:
  • La participación, por ejemplo, de Oscar Camillion (en su momento jefe de redacción del Diario Clarín) como Canciller durante la dictadura militar. Posteriormente Camillion sería Ministro de Defensa durante la presidencia de Carlos Menen, período en cual se otorgó el indulto a los militares condenados durante el Juicio a las juntas.
  • La forma, modo, tiempo, lugar y circunstancias en las que los diarios La Nación y Clarín (empresas que actualmente poseen el 50% cada una de CIMECO S.A, empresa controlante de los diarios La Voz del Interior, Día a Día, Los Andes de Mendoza y Revista Rumbos), se hicieron con el paquete accionario mayoritario de la empresa Papel Prensa S.A, lo cual les permitió contar con el monopolio del papel de diario en Argentina y, de esa manera, consolidar su posición dominante el mercado gráfico local.
  • Los motivos de la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, al dictador Jorge Rafael Videla.
  • La correspondencia entre la Unión de República Socialistas Soviéticas, el Partido Comunista Argentino y la dictadura militar. 
  • Las evidencias surgidas de las investigaciones sobre el denominado “Plan Cóndor”.
  • La actuación de periodistas y escribas al servicio del proceso militar.
  • La presencia de miembros de la Iglesia Católica, como por ejemplo el presbítero Christian von Wernich, asistiendo espiritualmente a víctimas del Terrorismo de Estado en centros clandestinos de detención.
  • Las públicas relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los altos mandos militares. (Siempre me llamo la atención que la distancia que separa la Catedral de la Ciudad de Córdoba del centro de detención ilegal que funcionaba en las mazmorras del Cabildo histórico de esta ciudad, sea de tan sólo 7 pasos…)
  • Los vínculos entre el Almirante Lacoste, su sucesor en la AFA Julio Humberto Grondona y los dirigentes del fútbol argentino durante el Mundial de Fútbol de 1978.
  • Las posibles conexiones entre la desaparición y muerte de Elena Holmberg, el Almirante Emilio Eduardo Massera,  el dirigente Montonero Mario Eduardo Firmenich y el gran maestre de la logia masónica Propaganda Due, Licio Gelli.
  • El nexo soterrado entre dirigentes de la CGT – Azopardo y jerarcas de las juntas militares. 
  • La "cooperación" de 3.952 civiles con el Batallón 601 del Ejército en tareas clandestinas de espionaje, seguimiento y delación, según obra en una denuncia presentada años atrás ante el Juez Federal Ariel Lijo.
  • La estatización de la deuda privada llevada adelante, entre otros, por uno de los “cuadros más brillantes” de la Fundación Mediterránea, el Dr. Domingo Felipe Cavallo. Maniobra que favoreció multimillonariamente a un puñado de familias argentinas, absorbiendo sus pasivos en dólares y cargándolo a  la deuda externa nacional. Lo que quedó demostrado en la causa “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, iniciada en octubre de 1982 y concluida con el fallo del Juez Federal Jorge Ballesteros en el año 2000.
  • Los juicios substanciados actualmente, en sede penal, por la presunta “colaboración civil” con la dictadura militar de empresarios como Juan Pedro Blaquier, dueño del emporio azucarero Ledesma o Vicente Massot, dueño del periódico La Nueva Provincia de Bahía Blanca.

¿Por qué no ahonda el articulo sobré estos últimos aspectos? Lamentablemente no podemos aventurar una respuesta con pretensiones de certeza. 

Pero lo que si podemos alegar es que de las hablillas conjeturales que componen sus párrafos principales, se desprende del texto una notoria mala fe y una indudable intención de distorsionar y manipular datos en dirección a inducir a falsas percepciones históricas. Quizás, detrás de esa maniobra, se esconda el propósito de ocultar mediante el uso de pirotecnia gramatical, hechos que demostrarían que durante la dictadura, efectivamente, “NO TODOS USABAN UNIFORMES”.